La jueza de instrucción Alejandra Provítola amplió el procesamiento contra tres supuestos dirigentes sociales que captaban a indigentes y vulnerables para otorgarles planes sociales y quedarse con la mitad de ese beneficio.

Los imputados ya habían sido procesados en 2019 por lo que hoy aparece como la punta del iceberg de esas defraudaciones.

Entre los procesados hay un antiguo empleado del Gobierno bonaerense que es vecino de Berazategui, a través de la cual se canalizaban gran parte de las captaciones y pagos.

La investigación de la que también participó la fiscal Marcela Sánchez, se orienta ahora a determinar la relación de los imputados con organizaciones sociales como Barrios de Pie.

Los tres acusados fueron procesados con prisión preventiva domiciliaria (monitoreada con tobilleras electrónicas) como integrantes de una asociación ilícita que se valió de la situación de vulnerabilidad de al menos 20 víctimas.

Según la jueza Provítola, el mecanismo utilizado por los imputados consistía en contactar a personas vulnerables, gestionarles los beneficios a cambio de retenerles el 50% y a condición de que concurrieran a manifestaciones según sus indicaciones.

Además, eran los mismos damnificados los que debían acercar a nuevos beneficiarios para repetir la operatoria, según sostuvo la jueza.

“Captar a las víctimas e inscribirlas en el Programa, con el único objeto de obtener, fraudulenta y mensualmente, la mitad de cada uno de los haberes que ellas percibían en ese marco y que cumplieran con las otras dos exigencias: captar a más víctimas y concurrir a las manifestaciones sociales cuando se lo indicaban, bajo apercibimiento de quitarles el beneficio otorgado”, resumió Provítola.