La mujer afirma que padeció Síndrome de Guillain-Barré tras vacunarse con la vacuna de AstraZeneca y reclama la inconstitucionalidad de la Ley de Vacunas.
El primer reclamo judicial contra la vacuna de AstraZeneca para el COVID-19 en el país fue presentado en las últimas horas por una mujer de Córdoba que demandó por daños y perjuicios a la firma y al Estado nacional argentino y exige una indemnización de más de 90 millones de pesos.
La denunciante sostuvo que, después de haberse dado la vacuna,
sufrió Síndrome de Guillain-Barré, un trastorno que afecta el sistema inmunitario, atacando los nervios y provocando la paralización de todo el cuerpo. Por eso, ahora exige un resarcimiento económico.
Semanas atrás,
la empresa reconoció frente a un tribunal británico que su vacuna contra el COVID-19 puede causar efectos secundarios poco comunes, como Síndrome de Trombosis con Trombocitopenia, que provoca que las personas tengan coágulos de sangre y un recuento bajo de plaquetas en sangre.
Si bien
la primera demanda en Argentina se difundió recién ahora, el reclamo comenzó mucho antes de que en Europa se conociera el reconocimiento de AstraZeneca y el retiro de partidas de su circulación.
La denunciante, de 39 años, oriunda de Coronel Moldes, en el sur de la provincia de Córdoba, inició primero en un trámite administrativo ante el ministerio de Salud nacional. Sin conseguir respuestas, llegó ahora a los tribunales federales de Río Cuarto, adonde además reclama que se declare la inconstitucionalidad de uno de los artículos de la Ley de Vacunas para generar inmunidad contra el COVID por las condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones.
El abogado que representa a la mujer, sostuvo:
“Acá hubo un daño a la fe pública, y al sistema de salud en general, provocado por AstraZeneca”. La demanda reclama resarcimientos por distintos daños: 7,4 millones de pesos por incapacidad sobreviniente; 25,3 millones de pesos por fondo de reparación Ley 27.573; 9,3 millones de pesos por proyecto de vida-pérdida de chance; 7,5 millones de pesos por daño moral; 1,5 millones de pesos por daño moral de la pareja; 49,5 millones de pesos por daño punitivo y 180.000 pesos por daño emergente.
